El pasado lunes 2 de mayo, un grupo de subcontratistas de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), agrupados en la Federación Nacional de Subcontratados (Fenatrasub), comenzó una huelga en la Refinería Bío Bío, planta de la estatal ubicada en Hualpén, a unos kilómetros del centro de Concepción.

El viernes pasado, la compañía publicó un comunicado donde señalaba que la protesta ponía en riesgo el abastecimiento de combustible en la zona sur, lo que terminó con grandes filas en las bencineras para adelantarse a esta situación. Si bien los trabajadores movilizados niegan que la planta hubiese dejado de funcionar por completo, fueron desalojados por Carabineros este lunes por orden de la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresdner. 

Detrás de la decisión de las autoridades, está un documento entregado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), que advertía de los riesgos que implicaba la toma de la planta y anunciaba que la compañía debía “detener el 100% de sus operaciones logísticas y de distribución de combustibles en la zona sur del país, que implicarían que en cinco días no contarían con abastecimiento de gasolina, diésel y kerosene doméstico para calefacción en la Región del Bío Bío y la zona sur del país, desde la Región de O’Higgins a la Araucanía, ambas inclusive”.

En el informe -al que tuvo acceso Diario Financiero- es posible conocer la versión de los hechos de Enap, que hasta ahora no ha dado mayores luces de la situación. Según comunicó la firma a la SEC, la protesta se radicalizó el 5 de mayo, fecha en que se bloquearon los accesos.

“Dado que las unidades de producción se encontraban operativas al lunes 2 de mayo (con productos combustibles a presión y alta temperatura) requieren de 48 horas para detenerse en forma segura, se tomó la decisión de iniciar la detención para evitar consecuencias de seguridad en los trabajadores que aún permanecían dentro de la refinería y reducir cualquier tipo de impacto en las instalaciones y en la comunidad vecina, al no contar con personal suficiente, con competencias y en condiciones para abordar la detención y/o potencial emergencia”, informó la estatal a la SEC el viernes 6 de mayo.

Agregó que para evitar un desabastecimiento de combustibles, las operaciones asociadas con los procesos logísticos de entrega por oleoducto y el Terminal San Vicente se mantuvieron operativas, “ya que la detención segura de este tipo de instalaciones requiere menos tiempo y personal, aunque los clientes han sido informados oportunamente de esta situación de fuerza mayor”.

Los riesgos que alertó la estatal

Asimismo, en el documento se incluye un listado de advertencias que hizo Enap a la SEC. Entre ellos, destaca el peligro de explosiones o incendios, principalmente en la zona de almacenamiento, debido a que las mediciones de altura y volúmenes se hacen con personal operativo en terreno.

Se afirma que existe una imposibilidad de recepcionar y entregar producto por falta de personal que realiza labores de amarre y conexión de buques en el Terminal San Vicente. La compañía calculó que el impacto de la situación sería de 10 a 11 mil m3 diarios, en relación a la afectación en la carga y descarga.

Los subcontratistas en huelga son encargados de labores de mantención, situación que también se trata en el informe: “Dada la falta de personal calificado, hay imposibilidad de ejecutar tareas de mantención, lo que implica la no realización de trabajos de inspección y mantenimiento mínimos que permitan asegurar el correcto funcionamiento de los equipos, tales como lubricación, análisis de vibración, termografía y otros”.

Finalmente, la firma también acusó “agresiones al personal Enap que intenta ingresar por vías de acceso habilitadas con consecuencias en la salud y seguridad de los trabajadores”.

Como conclusión, el documento firmado por el director regional de la SEC, Manuel Cartagena, solicitó a la delega presidencial destinar el uso de la fuerza policial necesaria para desalojar las instalaciones ocupadas.

Trabajadores esperan que hoy
se firmen las condiciones de negociación

La mediación entre los manifestantes y la estatal -convocada por la Dirección del Trabajo y con la presencia de 15 empresas contratistas- continuó ayer con la redacción de un documento para establecer los márgenes y condiciones que tendrá la mesa de negociación, el cual debería ser firmado hoy al mediodía luego de ser visado por ENAP.
El presidente de Fenatrasub, Víctor Sepúlveda, explicó que la idea es acordar ciertas modificaciones inmediatas al acuerdo marco y que otros puntos podrían esperar hasta agosto, mes en el cual se renegociará dicho contrato. Dijo que hasta no lograr ese acuerdo, la movilización de brazos caídos se mantiene pero descartó extenderla hasta agosto, “porque no hay bolsillo que lo resista, así que no debería pasar de la otra semana”.
En tanto, la Seremi del Trabajo del Biobío, Sandra Quintana, disparó contra la estatal: “Los trabajadores tienen disposición al diálogo, pero con ENAP, a la hora de ver los documentos, ha costado y eso ha retrasado que se llegue a buen término. Ellos tienen que hacer una revisión, porque esta no es la forma de resolver ningún conflicto”.